La decisión del Gobierno español de conceder cinco indultos parciales ha provocado malestar dentro del PSOE, especialmente porque tres de los beneficiarios habían sido condenados por delitos relacionados con la corrupción. Las medidas fueron aprobadas por el Consejo de Ministros el mismo día en que el Ejecutivo anunció la creación de una Agencia de Integridad Pública y presentó un anteproyecto de ley sobre integridad pública.
Entre los beneficiarios figuran la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs; el exalcalde socialista de Linares, Juan Fernández; y el gestor cultural Natalio Grueso. Dirigentes socialistas consultados por The Objective cuestionaron el momento elegido para anunciar las medidas y consideraron que la decisión puede resultar difícil de justificar ante la ciudadanía, especialmente en un contexto marcado por investigaciones y condenas relacionadas con corrupción.
Uno de los casos que mayor controversia ha generado es el de Borràs. La exdirigente catalana, condenada por el fraccionamiento de contratos durante su etapa al frente de la Institución de las Letras Catalanas, verá reducida su pena de prisión de cuatro años y medio a dos años. La multa y los 13 años de inhabilitación permanecen vigentes. El Ejecutivo argumentó que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había considerado excesiva la pena de prisión.
La decisión también provocó críticas dentro del propio PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cuestionó públicamente la concesión de indultos por delitos de corrupción y sostuvo que la medida puede perjudicar la credibilidad del partido en un momento especialmente delicado. También rechazó que se establezcan diferencias dependiendo de la afiliación política de las personas condenadas.
Otros líderes socialistas consultados por el medio estiman que la medida de gracia a Borràs tal vez guarde relación con el empeño del Gobierno en conservar los respaldos parlamentarios de Junts. Dicha lectura surge en plena coyuntura de complicaciones para que el Ejecutivo conserve un bloque sólido, justo después de que la antigua máxima autoridad de la Cámara catalana quedara excluida de los beneficios de la ley de amnistía.
El segundo caso relacionado con un antiguo cargo del PSOE es el de Juan Fernández, exalcalde de Linares. Su condena de tres años de prisión fue reducida a dos, mientras que se mantiene su inhabilitación durante siete años. La solicitud recibió informes favorables del tribunal sentenciador, respaldo de los grupos municipales del PSOE y del PP, apoyo del Ayuntamiento y de una asociación vecinal.
Natalio Grueso, quien antes dirigiera la Fundación Centro Niemeyer de Avilés, fue beneficiado asimismo con una gracia parcial. El Ejecutivo optó por condonar la privación de libertad contemplada dentro de una sentencia que abarcaba ocho años presidiarios, ocho años de inhabilitación y una sanción económica. Dicha providencia, pedida por actores del ámbito audiovisual, se fundamentó en motivos humanitarios vinculados a su situación médica.
Grueso había sido condenado por anomalías vinculadas a su administración del centro cultural, abarcando cobros tildados de infundados por los tribunales. Después del fallo, se mantuvo fuera de España por un periodo superior a dos años, siendo ubicado y arrestado en Portugal en el mes de diciembre previo.
Los otros dos indultos autorizados por el Consejo de Ministros atañen a ciudadanos penados por delitos contra la salud pública. En tales supuestos, las sanciones de privación de libertad disminuyeron hasta los dos años, contando además con los dictámenes benévolos de la Fiscalía y los órganos judiciales encargados de dictar sentencia.
La coincidencia en el tiempo de estas medidas de gracia y la presentación de nuevas acciones anticorrupción ha desatado una intensa controversia en las filas del socialismo español. A pesar de que el Ejecutivo respalda sus actuaciones, voces críticas situadas dentro del PSOE ponen en duda que otorgar dichos indultos transmita una señal coherente en relación con las promesas de renovación democrática y honradez institucional.
Fuente: The Objective — The Objective
