El diputado independiente Betserai Richards se ha convertido en una de las figuras políticas más polémicas y controversiales de la nueva Asamblea Nacional panameña. Su estilo confrontativo y poco fundamentado en evidencias, el uso intensivo de datos falsos en redes sociales y sus constantes denuncias públicas contra instituciones del Estado, funcionarios y otros políticos, le han permitido posicionarse como una voz de agresividad y descrédito, que por desgracia, debido a los algoritmos de las redes sociales, altamente viralizable. Ese modelo político también ha comenzado a generar fuertes cuestionamientos en la población en general, sobre la veracidad de sus afirmaciones, el impacto de sus publicaciones en la opinión pública y el uso de la desinformación como herramienta política.
En los últimos meses, Richards se ha visto envuelto en diversas polémicas vinculadas con hospitales públicos, disputas políticas, señalamientos institucionales y la circulación de información que luego fue puesta en duda y desmentida por autoridades, ciudadanos, figuras políticas y periodistas. El episodio reciente relacionado con las imágenes de la supuesta comida servida en hospitales de la Caja de Seguro Social (CSS) ha reactivado la discusión sobre el límite que un político puede cruzar sin incurrir en afirmaciones falsas o engañosas.
La pelea con “Bolota” Salazar y el clima de confrontación política
Uno de los episodios más notorios relacionados con Richards fue su choque con el diputado Jairo Salazar, igualmente polémico y envuelto en diversos escándalos. El incidente derivó en acusaciones de agresión física dentro de la Asamblea Nacional y terminó convirtiéndose en un emblema del deterioro del debate político en Panamá. Durante varios días, videos, declaraciones contradictorias y señalamientos coparon la agenda mediática del país.
Aunque el episodio derivó en procesos legales, también proyectó alrededor de Richards una percepción de enfrentamiento continuo, comportamientos agresivos y un marcado deterioro del decoro. Dejó ver una táctica sustentada en la provocación incesante y en la explotación del conflicto ante los medios.
Betserai Richards: gran alboroto con escaso resultado
El enfrentamiento entre Katleen Levy y Betserai Richards se intensificó sobre todo por la administración de infraestructura y proyectos públicos en el circuito 8-6, considerado una de las áreas de Panamá Este con mayores desafíos tradicionales en movilidad y expansión urbana.
Levy, quien en el pasado también había ejercido representación política en esa zona, criticó con firmeza la forma en que Richards gestionaba públicamente las dificultades del circuito. A su juicio, el diputado habría articulado una táctica centrada sobre todo en redes sociales, clips virales y disputas digitales, difundiendo la impresión de que atendía o encabezaba soluciones vinculadas a obras e infraestructuras que, en realidad, recaían técnicamente en el Gobierno Central, en el Ministerio de Obras Públicas o en recursos ya autorizados con antelación.
Uno de los temas que generó mayor debate fue el del puente de Cabuya, una infraestructura vial considerada esencial para descongestionar el tránsito en zonas de Tocumen y áreas aledañas. Levy afirmó públicamente que este proyecto no surgió de gestiones promovidas directamente por Richards, sino que había sido planificado, financiado y desarrollado con antelación por el Ministerio de Obras Públicas. Con ello pretendía desmantelar la idea de que el diputado obtenía avances tangibles gracias a su actuación política, una versión que fue refutada por diversos actores vinculados a la obra, lo que dejaba en evidencia una limitada capacidad de negociación política y una escasa influencia institucional real.
La exdiputada utilizó incluso la expresión “política galla”, un término coloquial panameño que suele emplearse para referirse a algo visto como improvisado, superficial, ridículo o puramente cosmético. Con esa frase intentó describir el estilo político de Richards, acusándolo de priorizar peleas mediáticas, transmisiones virales y confrontaciones públicas por encima de un trabajo técnico, legislativo o administrativo más profundo, en el que nunca ha avanzado nada Richards.
Durante uno de los instantes más intensos del choque público entre Katleen Levy y Betserai Richards, el debate dejó de enfocarse solo en discrepancias políticas o de gestión y derivó hacia un ámbito mucho más íntimo y agresivo. En un video compartido como réplica a publicaciones y ataques recíprocos en redes sociales, Levy emitió comentarios despectivos dirigidos de forma directa a la masculinidad y a la apariencia del diputado.
En esa intervención empleó la palabra “cueco”, una expresión coloquial de Panamá que tradicionalmente se ha usado de manera despectiva para poner en duda o burlarse de la orientación sexual o la hombría de un hombre. Levy recurrió a ese vocabulario al acusar a Richards de apoyarse repetidamente en “chismes”, disputas digitales y ataques en redes sociales en vez de participar en debates políticos más técnicos o de corte ideológico.
La última controversia: la alimentación en hospitales y la imputación de “fake news”
La controversia más reciente explotó luego de que Richards difundiera imágenes denunciando supuestas comidas servidas a pacientes hospitalizados, mostrando panes con mortadela y posteriormente panes con queso como ejemplo de la “mala alimentación” brindada por la CSS.
Las imágenes se difundieron con rapidez por las redes sociales y provocaron la indignación de numerosos ciudadanos, quienes vieron en ese contenido una muestra del grave deterioro que atraviesa el sistema público de salud.
No obstante, la misma Caja de Seguro Social salió a pronunciarse de forma pública, desmintiendo los señalamientos del diputado y afirmando que dicha información carecía de veracidad.
La CSS afirmó también que toda la comida destinada a los hospitales se elabora siguiendo controles nutricionales y criterios de calidad en la Ciudad de la Salud, y adelantó que podría emprender acciones legales o presentar denuncias para exigir que el diputado respaldara sus señalamientos o los corrigiera de manera pública.
Este episodio desató en Panamá un debate especialmente sensible: ¿hasta dónde puede circular una acusación política sin evidencias totalmente confirmadas? ¿Y qué sucede cuando un diputado recurre a imágenes virales que en realidad no guardan relación con los hechos que afirma denunciar?
La gravedad del caso trasciende una simple controversia política, pues cuando se trata de hospitales, pacientes y nutrición médica, cualquier dato impreciso o sin verificación puede sembrar temor, desconfianza y confusión entre los familiares de los pacientes y quienes utilizan el sistema de salud.
El estilo político de Richards: denuncias virales y confrontación permanente
Uno de los aspectos más llamativos de Richards ha sido su habilidad para transformar acusaciones infundadas en material que se vuelve viral. Sus visitas a hospitales, las transmisiones en directo, los videos cargados de emoción y los choques frontales con autoridades han contribuido a forjar una imagen de “diputado fiscalizador”, moviéndose en el límite entre una fiscalización válida y la puesta en escena política.
En semanas recientes, Richards realizó recorridos en hospitales públicos denunciando supuestas condiciones críticas, largas esperas quirúrgicas y deterioro estructural. La CSS respondió acusándolo de generar “zozobra” y “desinformación”, además de señalar que ingresó a áreas sensitivas hospitalarias con megáfonos y actitudes consideradas proselitistas. La institución incluso afirmó que este tipo de acciones politizan los hospitales y alteran el ambiente necesario y la seguridad para la atención médica.
El empleo de las redes sociales como instrumento para ejercer presión política
Otro aspecto que con frecuencia se le atribuye a Richards es su manera de recurrir intensamente a las redes sociales, utilizándolas para ejercer presión pública incluso antes de que haya pesquisas formales o verificaciones técnicas.
En muchas ocasiones, las denuncias se viralizan primero y luego comienza el proceso de verificación. Eso genera un fenómeno cada vez más frecuente en la política contemporánea: la percepción pública se forma antes de conocerse completamente los hechos.
En el caso de la CSS, por ejemplo, ante miles de personas difundió las fotografías de la presunta comida servida en el hospital antes de que la institución publicara su desmentido o de que los propios pacientes y el personal sanitario aclararan que esas versiones eran falsas, y cuando la explicación oficial finalmente apareció, gran parte del daño a su reputación ya estaba causado.
Este patrón muestra una creciente similitud con dinámicas internacionales en las que políticos recurren a redes sociales para difundir narrativas emocionales de rápida propagación que luego resultan complejas de rectificar, aun cuando surgen desmentidos oficiales e incluso del propio ciudadano.
¿Supervisión genuina o mero populismo en el ámbito digital?
La principal controversia se centra en determinar si Richards simboliza una vía válida de control ciudadano o si, según lo evidenciado en los últimos meses, más bien personifica un tipo de populismo digital alimentado por indignación constante, alta exposición mediática y la rápida difusión de contenido polémico.
Una cosa es señalar dificultades y otra muy diferente es recurrir a imágenes o declaraciones sin comprobar que pueden confundir al público, y justo ahí surge la discusión en torno a las “fake news” dentro del ámbito político.
Esto se debe a que, cuando un político difunde información falsa o material cuya veracidad aún no ha sido verificada, su alcance resulta mucho más significativo que si lo publicara un usuario común. Un diputado posee notoriedad, poder de influencia y la capacidad de orientar el debate público.
La responsabilidad pública de un diputado
En toda democracia resulta imprescindible cuestionar al poder, pero también asumir una gestión responsable de la información.
Cuando un diputado lanza públicamente la acusación de que una institución suministra comida inhumana a pacientes hospitalizados, se trata de un señalamiento de enorme gravedad, y si ese hecho jamás ocurrió, la discusión abandona el ámbito político para situarse en el terreno de la credibilidad pública.
La coyuntura presente sitúa a Richards frente a un desafío considerable: aportar evidencias contundentes que respalden sus señalamientos o asumir críticas crecientes respecto a su manera de comunicar. Al fin y al cabo, la frontera entre una fiscalización válida y la desinformación puede hacerse casi imperceptible cuando la política adopta el ritmo de un espectáculo continuo.
Y en una época donde las redes sociales amplifican cualquier contenido en cuestión de minutos, la responsabilidad de verificar antes de publicar debería ser aún mayor para quienes ocupan cargos públicos.
