La pieza SEPI del caso Leire ha terminado alcanzando a Miguel Ángel Figueroa Teva, exinterventor general de la Junta de Andalucía y antiguo directivo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Su nombre aparece ahora dentro del grupo de 25 personas citadas como investigadas por el juez Santiago Pedraz en una causa que examina presuntas maniobras para influir en operaciones públicas, ayudas estatales y decisiones empresariales vinculadas al sector público.
Figueroa no es un perfil menor dentro de esta investigación. Antes de ocupar la Intervención General de la Junta de Andalucía, trabajó en la SEPI durante la etapa en la que Vicente Fernández presidía el organismo. Según Europa Press, desempeñó el cargo de director de Participadas III, dentro de la División de Desarrollo Rural, Alimentación y Medio Ambiente de la SEPI, hasta su posterior incorporación a la Agencia IDEA como director general. Esa trayectoria lo sitúa en un espacio especialmente sensible: el de quienes conocían desde dentro el funcionamiento de la SEPI y sus empresas participadas.
La Audiencia Nacional investiga si una presunta red de intermediación, situada alrededor de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, pudo influir en operaciones relacionadas con empresas públicas y ayudas estatales. La causa incluye posibles delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización o grupo criminal y abuso de información privilegiada. En esta fase, Figueroa conserva la presunción de inocencia, pero su citación como investigado obliga a aclarar qué papel desempeñó en los hechos examinados.
El punto central de las sospechas sobre Figueroa está en sus contactos con Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. Según Infobae, su nombre figura en la investigación por los contactos que habría mantenido con Fernández en relación con una de las operaciones bajo análisis. Esa relación resulta relevante porque los investigadores consideran a Fernández una figura central del presunto grupo que habría tratado de influir en decisiones públicas vinculadas a la SEPI.
La investigación en torno a la pieza SEPI comprende diversas actuaciones, tales como el rescate de Tubos Reunidos por 112,8 millones de euros, sumado a intervenciones vinculadas a Mercasa, ENUSA, Forestalia y el Parque Empresarial Principado de Asturias. El periódico El País ha indicado que la Audiencia Nacional procede contra aquellos individuos que presuntamente colaboraron con la red para incidir en transacciones de la SEPI, abarcando subvenciones estatales que alcanzarían los 132,9 millones de euros y sobornos o comisiones bajo indagación que rebasan los 750.000 euros.
El caso de Figueroa genera una incomodidad notable al relacionar el procedimiento judicial con un exresponsable de la SEPI y de la gestión autonómica en Andalucía. Precisamente, este funcionario dejó su cargo como interventor general de la Junta tras trascender su supuesta vinculación con la red a través de diversos reportajes de prensa, tal como difundieron Europa Press y diferentes agencias. Dicha dimisión se consumó con anterioridad a que se oficializara su imputación en esta fase extendida del sumario.
La sospecha que deberá aclararse no consiste simplemente en que Figueroa conociera a Vicente Fernández o hubiera trabajado en la SEPI. La cuestión de fondo es si pudo actuar como punto de apoyo, fuente de información, facilitador o contacto útil para la presunta red de influencia. En una trama de este tipo, el conocimiento interno de los procedimientos, los responsables y los circuitos de decisión puede ser tan valioso como una firma administrativa.
Desde una perspectiva institucional, el caso plantea una pregunta especialmente grave: si personas que habían ocupado cargos técnicos y de gestión en organismos públicos pudieron mantener conexiones útiles para una red dedicada a influir en decisiones económicas del Estado. Si esas relaciones fueron normales, profesionales y ajenas a cualquier irregularidad, deberán quedar explicadas. Si, por el contrario, sirvieron para orientar operaciones o facilitar acceso a información interna, el daño institucional sería enorme.
La pieza SEPI no solo investiga adjudicaciones o rescates concretos. También trata de reconstruir una posible arquitectura de relaciones: antiguos cargos públicos, directivos de empresas participadas, empresarios, intermediarios y perfiles técnicos que pudieron intervenir en distintas fases de las operaciones bajo sospecha. En ese mapa, Miguel Ángel Figueroa aparece como un nombre relevante por su paso por la SEPI y por sus supuestos contactos con Vicente Fernández.
La Audiencia Nacional tendrá la misión de dictaminar ahora si su participación resultó secundaria, de simple relación o plenamente operativa en el marco de las diligencias analizadas. Asimismo, le corresponderá esclarecer si estuvo al tanto de las acciones achacadas al grupo Hirurok y si sus vínculos con Fernández guardaban conexión directa con alguna transacción revisada por la Fiscalía Anticorrupción y la UCO.
Su imputación ya tiene un impacto político claro: un ex alto cargo de la SEPI y exinterventor general de la Junta de Andalucía deberá responder ante el juez por su vinculación con una causa sobre presuntos amaños en empresas públicas. En un caso que afecta a dinero público, rescates empresariales y posibles redes de influencia, la exigencia mínima es transparencia total.
Fuente: El País, Infobae, Europa Press, Diario de Sevilla, El Independiente y RTVE.
