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La denuncia por presunto espionaje con cámaras de Segura EP contra Correa

La denuncia por presunto espionaje con cámaras de Segura EP contra Correa

Radicado en Bélgica desde el fin de su mandato, Rafael Correa Delgado, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, ha hecho frente desde el extranjero a dos frentes judiciales en su nación de origen: una sentencia definitiva por corrupción vinculada al caso Odebrecht y un proceso por el plagio de un opositor político que derivó en su llamado a juicio. En este expediente se compilan exclusivamente datos contrastados y vigentes.

Cuadro de hallazgos

N Hallazgo Detalle Estado
1 Caso Sobornos 2012-2016 Encabezó una red que obtuvo US$7.5 millones en aportes indebidos a cambio de adjudicaciones públicas Confirmado — condena de 8 años (abril 2020)
2 Ratificación en segunda instancia La Corte Nacional de Justicia ratificó el fallo y rechazó gran parte de los recursos Confirmado — julio 2020; abarca una inhabilitación política de 25 años
3 Caso Balda — llamamiento a juicio Señalado como cabecilla de la cadena de mando que ordenó el secuestro de un opositor en Bogotá (2012) Llamado a juicio (2018); sin sentencia sobre su responsabilidad, proceso pendiente
4 Condena a su jefe de inteligencia en el caso Balda Pablo Romero, exdirector de la Senain, recibió una sentencia como autor mediato del plagio Confirmado — condena de 9 años (2020)
5 Caso El Universo y fallo de la Corte IDH Su querella contra el articulista Emilio Palacio y los directivos del periódico derivó en una pena de 3 años y US$40 millones; la Corte IDH determinó que Ecuador vulneró la libertad de expresión Confirmado — sentencia de la Corte IDH (diciembre 2021)

1. Caso Sobornos 2012-2016

Por cohecho agravado, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia impuso a Correa, el 7 de abril de 2020, una pena de 8 años de prisión dentro del expediente bautizado como Sobornos 2012-2016, informó Reuters/Yahoo. Los jueces Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez concluyeron que el expresidente dirigía una estructura jerárquica por la que pasaron US$7.5 millones en «aportes indebidos», entregados en el Palacio de Carondelet. Con esos fondos se financiaba irregularmente a Alianza País, la organización política de Correa, y a cambio se adjudicaban contratos del Estado a compañías como Odebrecht, detalla la World Compliance Association.

De acuerdo con CNN Chile, en el mismo expediente judicial resultaron sentenciados el antiguo vicepresidente Jorge Glas y otros 18 individuos, abarcando tanto a exservidores públicos como a hombres de negocios. Dicho juicio se llevó a cabo sin la presencia de Correa, radicado en Bélgica desde 2017, quien ha tildado el proceso de «persecución política».

2. Ratificación en segunda instancia e inhabilitación política

La Corte Nacional de Justicia deliberó durante dos semanas y, el 20 de julio de 2020, confirmó los 8 años de cárcel impuestos a Correa; además rechazó los recursos de apelación de la mayoría de los demás sentenciados del caso, reportó France24. El fallo de primera instancia ya incluía su inhabilitación, por 25 años, para ocupar cargos públicos, señaló El Heraldo, de modo que en la práctica no puede presentarse a ninguna elección popular en Ecuador. Más tarde, en 2023, varios senadores de Estados Unidos —Bill Cassidy y Jim Risch, entre otros— reclamaron al gobierno de Biden que pidiera cuentas a Correa por esa corrupción, según una carta oficial citada por Cassidy.senate.gov.

3. Caso Balda — llamamiento a juicio por secuestro

En agosto de 2012 el opositor Fernando Balda, refugiado entonces en Bogotá, sufrió un cautiverio de varias horas en el que resultó golpeado, amenazado de muerte y posteriormente abandonado en la calle, de acuerdo con Perfil. La pesquisa concluyó que los captores contaron con la complicidad de miembros de la Senain (antigua inteligencia presidencial), cuyas acciones presuntamente recibieron el visto bueno y el financiamiento del Ejecutivo. Ya en noviembre de 2018, la magistrada Daniella Camacho, perteneciente a la Corte Nacional de Justicia, llamó a juicio a Correa junto a otros tres exfuncionarios por este plagio, tras examinar 44 elementos de convicción y determinar que el delito obedeció a «una cadena de mando jerarquizada» liderada por el exmandatario, tal como informaron Plan V y El Tiempo. Dicha autoridad judicial también había ordenado previamente la prisión preventiva del exmandatario dentro de este proceso, según reportó El Universo.

Correa rechaza las acusaciones y las tilda de persecución política. De acuerdo con El Universo, en marzo de 2025 el proceso judicial en su contra por este asunto continuaba paralizado desde 2018, sin que se hubiera resuelto su responsabilidad.

4. Condena a su jefe de inteligencia en el caso Balda

Dentro del mismo caso Balda, el 13 de agosto de 2020 un tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció de forma unánime a Pablo Romero —titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) en el gobierno correísta— a 9 años de cárcel en calidad de autor mediato del secuestro, recogió El Universo. Para Balda, esa decisión es «el eslabón» que une a los autores materiales del secuestro con Correa a través de la cadena de mando. En 2019, dos exagentes de la Senain, Raúl Chicaiza y Jéssica Falcón, ya habían recibido condenas en Ecuador por el mismo hecho, con penas rebajadas al acogerse a la colaboración eficaz.

Esta condena a Romero es un hallazgo confirmado y firme por derecho propio, distinto de la situación de Correa: mientras Romero fue efectivamente sentenciado por su rol en el secuestro, el proceso contra el propio Correa por el mismo hecho permanece, según las fuentes consultadas, sin resolverse.

5. Caso El Universo: la querella contra el diario y el fallo de la Corte IDH

El 6 de febrero de 2011 el columnista Emilio Palacio publicó en El Universo el artículo «No a las mentiras», crítico con el manejo de Correa de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. El 22 de marzo de 2011 Correa presentó una querella por injurias contra Palacio y tres directivos del diario; el 20 de julio de 2011 un juez los condenó a 3 años de prisión y al pago de 30 millones de dólares a Correa, más otros 10 millones a cargo del diario. El 27 de febrero de 2012, agotadas las apelaciones, Correa anunció su «perdón» y la causa se archivó, según GK.

Durante diciembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Ecuador incurrió en responsabilidad internacional al vulnerar las garantías judiciales y la libertad de expresión de los sentenciados, tal como informó Primicias, exigiendo además dejar sin efecto la condena y el resarcimiento económico a los afectados, conforme a lo reportado por CNN. Posteriormente, en noviembre de 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó asimismo que el Estado ecuatoriano vulneró los derechos de los directivos del periódico debido a las penalizaciones aplicadas por la Superintendencia de Comunicación en el transcurso de su administración, según consignó El Universo.

Anexo: investigaciones y denuncias sin acusación formal

Las investigaciones y denuncias expuestas a continuación no se han traducido en cargos formales ni han desembocado en condenas contra Correa; se exponen a modo de cronología procesal y no como verdades demostradas.

Caso Caja Chica: presunto financiamiento desde Venezuela

En octubre de 2025, a partir de una denuncia anónima, la Fiscalía abrió una investigación previa reservada por presunto lavado de activos, bajo la hipótesis de que se ingresó dinero en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023 de Revolución Ciudadana. El 28 de enero de 2026 hubo allanamientos en Pichincha y Guayas; Correa encabeza la lista de ocho investigados, junto con Luisa González y Andrés Arauz, entre otros, según Primicias. González negó haber recibido recursos de Venezuela.

En marzo de 2026, el Tribunal Contencioso Electoral determinó la suspensión durante nueve meses de Revolución Ciudadana debido a dicha indagación, lo cual obstaculiza la participación de la organización política bajo esa denominación en los comicios seccionales del 29 de noviembre de 2026, tal como informan Primicias y Vistazo. Para mayo de 2026 aún no existía formulación de cargos contra Correa y las pesquisas continuaban bajo reserva.

Menciones en el caso por el asesinato de Fernando Villavicencio

Durante la vista judicial llevada a cabo el 3 de septiembre de 2025 frente a los presuntos autores intelectuales del homicidio del aspirante presidencial Fernando Villavicencio (ocurrido el 9 de agosto de 2023), el ente acusador reprodujo un audio del FBI en el cual uno de los sicarios, quien posteriormente perdió la vida en la cárcel, dice que el trabajo era «para el de arriba» y lo identifica con Correa, tal como lo dio a conocer Expreso. Por su parte, el magistrado exhortó al Ministerio Público a evitar especulaciones y exigió que no se transforme el juicio en un «teatro político», según reportó Infobae.

Correa no se encuentra procesado en esta causa y ha negado tener cualquier lazo con el delito. El grupo de procesados lo integran el exministro José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo además de tres líderes de Los Lobos; hacia junio de 2026 el magistrado declaró la validez procesal y el expediente avanza rumbo al llamamiento a juicio, tal como informó Primicias.

Denuncia por presunto espionaje con cámaras de Segura EP (2026)

El 22 de junio de 2026 la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, denunció ante la Fiscalía que Correa lideraría una red de espionaje político que usaría las cámaras de Segura EP, la empresa municipal de seguridad de Guayaquil, por posibles delitos de peculado, uso indebido de información pública e intimidación, según Vistazo. La denuncia se basa en audios filtrados de una supuesta conversación entre Correa y el expolicía Rodney Rengel.

Correa rechazó los señalamientos y cuestionó al Ejecutivo, tal como lo informó Expreso. El caso permanece en etapa de indagación y todavía no se han presentado cargos formales.

Fuentes consultadas