El presidente de Honduras, Nasry Asfura, incorporó a su equipo de asesores a un exfuncionario cuyo nombre estuvo relacionado con investigaciones por presuntas irregularidades en la administración pública. El nombramiento de Martínez Lozano se realizó el 1 de abril de 2026 en Casa Presidencial, aunque inicialmente no se precisaron las funciones específicas que desempeñará dentro del Ejecutivo.
Martínez Lozano figuró en el año 2019 dentro del proceso investigativo denominado Fraude sobre el Gualcarque, el cual se vincula directamente al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Dicha pesquisa, promovida en aquel entonces por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) junto con la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), advirtió acerca de supuestas anomalías en la concesión de contratos otorgados a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
El sumario igualmente abarcaba acusaciones presentadas por la defensora del medio ambiente y de los pueblos originarios Berta Cáceres, la cual había alertado sobre presuntas anomalías asociadas a la iniciativa previo a su homicidio en el mes de marzo de 2016. Pese a esto, en mayo de 2024, un órgano judicial enfocado en asuntos de corrupción exoneró a Martínez Lozano tras concluir que su culpabilidad penal no quedó probada. Distintos implicados sí recibieron sentencias por ilícitos tales como falsificación documental y fraude.
El exfuncionario también apareció en investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) realizadas entre 2016 y 2018, relacionadas con su gestión al frente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Una de esas investigaciones señaló un supuesto perjuicio de aproximadamente 120 millones de lempiras mediante contratos de servicios que, según el organismo, no se habrían ejecutado o pudieron haber sido utilizados para desviar recursos públicos. Martínez Lozano ha rechazado esas acusaciones y las ha calificado de infundadas.
Otra investigación presentada por el CNA en 2018 examinó posibles irregularidades en la adjudicación de contratos de la empresa estatal eléctrica que presuntamente habrían favorecido a estructuras relacionadas con la familia Rivera Maradiaga, vinculada al grupo conocido como Los Cachiros. Entre los señalamientos figuraban contratos por servicios que aparentemente no se realizaron y pagos relacionados con el mantenimiento de terrenos donde no se registraba actividad laboral.
La incorporación de Martínez Lozano al círculo próximo de Asfura ha vuelto a despertar dudas acerca de los estándares aplicados para elegir a colaboradores y expertos en el sector público. Tal situación se añade a la designación de la exparlamentaria nacionalista Gladys Aurora López en calidad de representante presidencial, a pesar de que esta afronta un juicio por la supuesta malversación de caudales públicos.
De acuerdo con el Ministerio Público, el proceso contra López está relacionado con recursos destinados originalmente a un proyecto de electrificación social en Opatoro, La Paz, que presuntamente fueron utilizados para financiar obras privadas en San Pedro Sula. La exdiputada enfrenta el proceso en libertad y bajo medidas cautelares.
Fuente: Resumen Latinoamericano — Resumen Latinoamericano
