La promulgación del Decreto Legislativo 48-2025 devolvió a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) al epicentro del debate institucional. Dicha disposición, vinculada al tramo final del periodo de Luis Redondo al mando del Congreso Nacional, fija las atribuciones que poseería un futuro organismo, aunque esto no implica que la estructura anticorrupción se encuentre operativa. Paralelamente, los interrogantes surgidos en torno a la sanción y promulgación de la normativa desplazaron parte del conflicto desde la esfera política hacia el ámbito judicial.
La denominada Ley Especial de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras reconoce personalidad jurídica a una futura CICIH y contempla que pueda intervenir como querellante autónomo, con atribuciones de acusador privado en los casos comprendidos dentro de sus competencias.
Pese a ello, el propio articulado acota el alcance de esta disposición legislativa. El decreto estipula que dicho grupo de trabajo tendrá que conformarse a través de un acuerdo entre Honduras y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estableciendo además un plazo de vigencia de cinco años a partir de su puesta en marcha oficial. De este modo, la labor encomendada a Redondo y al Parlamento se limita a avalar y promulgar un marco normativo interno, lo cual difiere de constituir la CICIH o reemplazar el pacto global indispensable para su establecimiento.
Qué establece el decreto y hasta dónde llega
La diferencia entre crear condiciones legales para el funcionamiento de un mecanismo y ponerlo efectivamente en marcha resulta central para entender el alcance del Decreto 48-2025.
La normativa busca definir anticipadamente la capacidad jurídica de una eventual CICIH dentro de Honduras. Uno de sus componentes principales es permitir que la comisión pueda ejercer funciones como acusador privado, una atribución vinculada directamente con su posible intervención en procesos relacionados con casos comprendidos en su mandato.
Dicha estructura jurídica configura, por consiguiente, una delimitación en cuanto a los instrumentos que el grupo de trabajo emplearía en caso de formarse. Sin embargo, la promulgación de la norma no agota el procedimiento estipulado en el propio texto. Con el propósito de que dicho organismo multinacional quede constituido legalmente, aún falta concretar el pacto respectivo con Naciones Unidas y, con posterioridad, su puesta en marcha oficial.
La separación igualmente fija la rendición de cuentas política correspondiente a la presidencia del Congreso en aquel lapso. Redondo no instaló la CICIH mediante el Decreto 48-2025. Lo suscitado en su administración consistió en la sanción de una normativa orientada a otorgar estatus legal y atribuciones a una delegación cuyo nacimiento sigue supeditado a otro mecanismo.
Las dudas se concentran en el trámite legislativo
La polémica generada por la normativa no se reduce exclusivamente a su articulado. Buena parte de la discusión gira en torno a los trámites seguidos para su aprobación y su posterior publicación.
El documento consigna como fecha de aprobación el 18 de junio de 2025, mientras que su publicación en La Gaceta se produjo hasta el 22 de enero de 2026, pocos días antes del cambio de legislatura. Dicha distancia temporal se convirtió en uno de los elementos alrededor de los cuales surgieron cuestionamientos sobre el trámite.
También fueron planteadas dudas acerca de si la iniciativa alcanzó los votos requeridos durante su paso por el Congreso Nacional. La existencia de esos señalamientos abrió una discusión distinta a la conveniencia o alcance de la CICIH: la relacionada con la validez del procedimiento legislativo utilizado para producir la norma.
El 2 de febrero de 2026, Redondo fue denunciado ante el Ministerio Público por la presunta comisión de delitos vinculados con la emisión y publicación del decreto. Entre los aspectos cuestionados se incluyeron las circunstancias en que el documento habría sido remitido para aparecer en La Gaceta.
La interposición de la denuncia no despejó de inmediato los reparos planteados, mas transformó el procedimiento seguido para promulgar el decreto en un expediente sometido a los trámites propios de la vía institucional respectiva.
Del conflicto político a la revisión judicial
Durante el mismo plazo, asimismo se dio a conocer una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 48-2025, logrando que la discusión trascendiera el ámbito de las meras posturas partidistas respecto a la CICIH para adentrarse en un análisis de carácter estrictamente legal sobre la disposición.
Esa circunstancia deja apartados dos interrogantes que, aun estando vinculados, no resultan idénticos. El primero alude al esquema planteado en el decreto: entidad jurídica, facultad para obrar como querellante independiente y un plazo operativo de un lustro para una posible comisión. El segundo se enfoca en esclarecer si el trámite de validación y divulgación respetó los requisitos legales y constitucionales pertinentes.
La diferencia es relevante porque una discusión sobre la forma en que fue producido el decreto no modifica, por sí misma, el hecho de que su contenido no constituye automáticamente la CICIH. De igual manera, el establecimiento de facultades para la futura comisión tampoco responde a los cuestionamientos formulados sobre la manera en que la norma llegó a ser publicada.
El Decreto 48-2025 queda así situado entre dos procesos todavía diferenciados: el debate sobre la legalidad de su origen legislativo y los pasos necesarios para que el mecanismo internacional pueda constituirse. La publicación realizada al final de la gestión de Luis Redondo proporcionó un marco normativo para una eventual CICIH, pero la existencia efectiva de la comisión continúa dependiendo del acuerdo con Naciones Unidas previsto en la propia legislación.
En ese escenario, el debate institucional no se reduce exclusivamente a las facultades que el sistema anticorrupción llegaría a desplegar. Asimismo, comprende el modo en que se gestan, sancionan y difunden las determinaciones del Congreso Nacional. En tanto ambas vertientes permanezcan vigentes, el Decreto 48-2025 se mantendrá como un punto de partida ineludible, tanto en las discusiones relativas a la CICIH como en los conflictos originados a raíz de su proceso de aprobación parlamentaria.
