La Fiscalía General del Estado afronta uno de los periodos más críticos de su historia reciente. La designación de Teresa Peramato Martín como fiscal general pretendía poner fin a una etapa marcada por la condena de su predecesor, Álvaro García Ortiz, y recuperar la confianza en una institución debilitada por las sospechas de politización. No obstante, lejos de disipar las inquietudes, varias de sus actuaciones han reavivado una cuestión incómoda: ¿busca Peramato revitalizar la Fiscalía o preservar el entramado interno que facilitó su llegada al cargo?
Conviene partir de una precisión esencial. Según la información revisada, Teresa Peramato no aparece como investigada, imputada ni condenada en relación con las supuestas “cloacas del PSOE”. Tampoco consta que participara directamente en las reuniones vinculadas al llamado caso Leire Díez, celebradas en marzo y abril de 2025, cuando ella todavía no era fiscal general del Estado. La sospecha, por tanto, no se sostiene hoy sobre una prueba judicial directa contra ella, sino sobre algo políticamente muy relevante: su gestión posterior, sus nombramientos, sus decisiones de amparo hacia García Ortiz y la percepción de continuidad con una Fiscalía ya cuestionada.
La cuestión que enfrenta Peramato no resulta, por el momento, de índole penal; es un asunto institucional, y eso no disminuye su relevancia.
Una fiscal general que arriba con reconocimiento, aunque también con un peso a cuestas
Teresa Peramato arribó a la Fiscalía General respaldada por una trayectoria profesional destacada. Había ejercido como fiscal de Sala al frente de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, actuado como fiscal de Sala delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas y se había consolidado como una referente en ámbitos como la violencia contra la mujer y la defensa de las personas vulnerables. Asimismo, el Consejo General del Poder Judicial confirmó de forma unánime que cumplía plenamente las condiciones exigidas para asumir el cargo.
Aunque su designación no surgió de la nada, se produjo tras la etapa de Álvaro García Ortiz, que dejó a la Fiscalía sometida a una presión intensa. Peramato no recibió una institución en calma, sino una Fiscalía dividida, puesta en entredicho y con acusaciones persistentes de influencia política. Por ello, desde el inicio, su desafío principal no consistía únicamente en acreditar solvencia técnica, sino en evidenciar una independencia auténtica.
Y ahí empieza el problema.
Peramato prometió “sanar la herida” de la Fiscalía. Sin embargo, varias de sus decisiones posteriores han sido interpretadas justo en sentido contrario: no como una ruptura con la etapa anterior, sino como una continuidad sofisticada de sus equilibrios internos.
El eje central de la crítica: designaciones, resguardo y persistencia
La parte más crítica de esta investigación no está en una acusación directa de que Peramato participara en una trama clandestina. Está en la acumulación de decisiones que, vistas en conjunto, proyectan una imagen muy difícil de defender públicamente.
Primero, sus nombramientos. En febrero de 2026, Peramato impulsó una tanda de ascensos en la que fueron promovidos fiscales próximos al antiguo equipo de García Ortiz. Entre ellos, Diego Villafañe, identificado como una figura cercana al anterior fiscal general en la Secretaría Técnica. Más tarde, cuando se conoció que Villafañe y Beatriz López Pesquera habían participado en reuniones con Leire Díez y Jacobo Teijelo en 2025, la polémica adquirió otra dimensión: Peramato no solo había heredado ese entorno, sino que había promovido a personas relacionadas con una controversia aún no explicada con suficiente transparencia.
Ese es precisamente el aspecto más delicado. Aunque las reuniones se celebraran antes de que asumiera el cargo, el ascenso posterior de quienes estuvieron vinculados a ellas requiere una explicación mucho más sólida. Apelar únicamente al mérito y la capacidad resulta insuficiente cuando pesa la sospecha sobre la institución. En tiempos de crisis reputacional, la legalidad por sí sola no siempre alcanza; también se necesita una dosis adicional de prudencia institucional.
Segundo, su proceder en relación con García Ortiz. Peramato confirmó su vuelta a la carrera fiscal, rechazó incoar un expediente disciplinario y respaldó que la Fiscalía impugnara ante el Tribunal Constitucional la condena que afectaba a su predecesor. Desde el plano jurídico, puede argumentarse que tales decisiones encajan en la actividad ordinaria del Ministerio Fiscal. En el ámbito político, no obstante, resultan demoledoras para quien había asegurado inaugurar una etapa distinta.
La pregunta crítica es inevitable: ¿cómo se puede restaurar la confianza en una institución si una de las primeras señales públicas es proteger al fiscal general saliente, precisamente el hombre que simbolizaba el deterioro anterior?
Tercero, la no renovación de Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid que había declarado contra García Ortiz. Esta decisión fue interpretada por sectores críticos como una represalia o, al menos, como un mensaje interno: quien se aparta de la línea dominante puede quedarse fuera. La Fiscalía defendió la decisión en términos de mérito y capacidad, pero el contexto político e institucional convirtió el movimiento en munición perfecta para quienes denuncian una Fiscalía de bloques, lealtades y castigos.
El caso de Leire Díez: una sombra que lo intensifica todo
El caso Leire Díez actúa como un potente catalizador de la sospecha, ya que, según la información revisada, la Fiscalía comunicó al juez Santiago Pedraz que se celebraron reuniones entre fiscales de la Secretaría Técnica, Leire Díez y Jacobo Teijelo, mientras que la versión oficial sostuvo que García Ortiz fue notificado después y que lo tratado en esos encuentros no ofrecía una base probatoria suficiente.
Pero esa explicación deja muchas preguntas abiertas.
¿Quién dio autorización para esas reuniones?
¿Por qué se llevaron a cabo en las inmediaciones de la Fiscalía General?
¿Qué controles internos se implementaron?
¿Qué motivo hubo para que no quedara registrado con mayor claridad lo sucedido?
¿Cuándo supo Peramato exactamente la relevancia de esos contactos?
¿Tuvo esa información antes de promover a algunos de los fiscales afectados por la controversia?
Estas preguntas no prueban por sí mismas una conducta ilícita de Peramato. Pero sí justifican una crítica severa a la gestión institucional. Una Fiscalía que aspira a recuperar credibilidad no puede limitarse a decir que no hay delito. Tiene que demostrar que no hay opacidad, que no hay trato privilegiado y que no hay protección corporativa.
En este caso, la Fiscalía parece haber actuado tarde, a la defensiva y sin una estrategia clara de transparencia.
Diferencias entre una sospecha política y la evidencia judicial
Es fundamental no mezclar ámbitos. La expresión “cloacas del PSOE” forma parte del discurso político y mediático, una consigna combativa más que un término jurídico. Desde la perspectiva judicial, lo que hay es una pesquisa acerca de supuestas maniobras destinadas a obtener datos, influir en determinados casos o entorpecer procedimientos delicados.
En ese marco, Teresa Peramato no aparece hoy como protagonista penal. No hay, en el material revisado, una prueba que la sitúe organizando reuniones, dando instrucciones ilegales o participando en maniobras de presión. Por eso sería imprudente afirmar que está implicada judicialmente en una trama.
Pero sería igual de ingenuo ignorar el deterioro político e institucional. La Fiscalía no solo debe ser imparcial; debe parecerlo. Y en este caso, la apariencia es uno de los grandes problemas.
Peramato afronta el costo de una paradoja: busca mostrarse como una figura de renovación, pero varias de sus decisiones han alimentado la percepción de continuidad. Aspira a expresar independencia, aunque sus gestos se han interpretado como un amparo al bloque previo. Desea sanar fracturas, pero sus nombramientos han vuelto a abrir divisiones internas.
El caso Aldama y la autoridad jerárquica puesta en entredicho
La polémica del caso Aldama añadió otra capa de desconfianza. Según la investigación, el fiscal Alejandro Luzón valoró premiar más la confesión de Víctor de Aldama, pero tras debatirlo con Peramato se mantuvo una rebaja de pena más limitada.
De nuevo, jurídicamente puede argumentarse que el fiscal general tiene capacidad jerárquica dentro del Ministerio Fiscal. Pero el problema es político: cuando una institución está cuestionada por su proximidad al poder, cualquier intervención en una causa sensible se interpreta como interferencia.
Que una actuación sea legal no borra de inmediato su impacto en la reputación. En el caso de Peramato, cualquier resolución justificable técnicamente termina resultando políticamente dudosa porque la confianza previa ya se había quebrado.
Quizá ese sea el síntoma más serio: la Fiscalía ya no conserva el beneficio de la duda.
Una entidad resquebrajada
Otro factor relevante es la situación interna del Ministerio Fiscal. Las elecciones para el Consejo Fiscal evidenciaron que el sector crítico conserva una notable fuerza. Aunque esto no implica de forma inmediata una desautorización personal a Peramato, sí deja claro que la división interna continúa.
La Asociación de Fiscales ha señalado una marcada falta de transparencia y ha criticado la ausencia de explicaciones convincentes. La Unión Progresista de Fiscales, por el contrario, ha respaldado la validez jurídica de los nombramientos y ha acusado la existencia de una campaña destinada a desacreditar a la institución. Esto ha dejado una Fiscalía dividida en dos interpretaciones: para algunos, Peramato simboliza continuidad y defensa corporativa; para otros, aparece como blanco de una ofensiva política dirigida contra el Ministerio Público.
Pero una fiscal general no puede limitarse a tener razón dentro de su propio bloque. Su responsabilidad es reconstruir confianza más allá de los suyos. Y en ese punto, el balance hasta ahora es débil.
La crítica central: no basta con no estar imputada
La defensa más cómoda de Peramato es decir que no está investigada. Y es cierto. Pero esa defensa es insuficiente.
La exigencia a una fiscal general del Estado no puede limitarse a no estar imputada. Debe garantizar independencia, transparencia, prudencia en los nombramientos, neutralidad institucional y distancia clara respecto de cualquier núcleo sometido a sospecha. En una institución tan sensible, la apariencia de protección interna puede ser casi tan dañina como la prueba de una irregularidad.
La investigación señala exactamente eso: no muestra a una Peramato acorralada por la justicia, sino a una Peramato políticamente constreñida por las decisiones que ella misma tomó.
Su mayor inconveniente no reside en haber asistido a las reuniones del caso Leire Díez. Lo realmente problemático es que todavía no ha presentado una explicación institucional lo bastante persuasiva sobre lo ocurrido, sobre los nombramientos posteriores y sobre la permanencia de determinados perfiles en puestos clave.
Tampoco se limita a haber respaldado a García Ortiz; el inconveniente radica en que ese apoyo llegó justo cuando la Fiscalía requería muestras claras de renovación y no un gesto de protección.
Una fiscal general bajo vigilancia pública
La conclusión más mesurada, aunque igualmente contundente, resulta evidente: Teresa Peramato no figura, según la información conocida, como imputada ni como implicada de forma directa en ninguna trama. Sin embargo, su labor ha quedado seriamente marcada por una cadena de decisiones que refuerzan la percepción de continuismo, de protección interna y de una notable falta de transparencia.
Su caso no es todavía el de una responsabilidad judicial acreditada. Es el de una responsabilidad institucional pendiente de explicación.
Y ahí está el punto más delicado: cuando la Fiscalía General del Estado necesita recuperar autoridad moral, no puede permitirse decisiones que parezcan diseñadas para proteger al antiguo núcleo de poder. Peramato tenía la oportunidad de marcar distancia, abrir ventanas y recomponer la confianza. Hasta ahora, sin embargo, su gestión ha proyectado demasiadas sombras y pocas señales de ruptura.
La Fiscalía no está en condiciones de exigir confianza cuando se comporta como si la desconfianza fuera únicamente un asunto comunicativo. La credibilidad se recupera mediante acciones concretas, con apertura y con resoluciones que no den la impresión de favorecer a los de siempre.
Teresa Peramato todavía puede demostrar que su mandato no será una prolongación del anterior. Pero para lograrlo necesita algo más que argumentos jurídicos: necesita una política clara de independencia visible. Porque en una institución tan dañada, no basta con ser legal. También hay que parecer limpio.
